¿CÓMO LA
CONFIANZA IMPACTA TU CALIDAD DE VIDA?
Philip Keefer no duda ni un segundo, en
autodefinirse como un estudioso de la confianza.
Al ser especialista en desarrollo institucional,
Keefer ha pasado la mayor parte de las últimas 2 décadas investigando en cómo
la confianza —o la desconfianza—
afectan a las políticas públicas.
Resulta que la confianza es un bien escaso en
América Latina y el Caribe.
Según una encuesta realizada por LATINOBARÓMETRO,
el 43 por ciento de los mexicanos dice que tiene poca confianza en las personas
que viven dentro de sus propias comunidades.
Ese número sube a un 54 por ciento en Perú.
Y en Brasil aún más: un 63 por ciento de los
brasileños dice tener bajos niveles de confianza en otros.
Por el contrario, sólo un 20 por ciento de los
estadounidenses expresó algún nivel de desconfianza.
Preguntas similares sobre la confianza en
instituciones como la Presidencia, el Congreso y los partidos políticos
revelaron grandes brechas entre América Latina y el Caribe y las economías más
ricas.
Los argentinos, por ejemplo, son 2 veces más
propensos a desconfiar de sus partidos políticos que los canadienses.
"La confianza juega un papel enorme y América
Latina nunca clasifica alto", dice Keefer, asesor económico principal del
departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID.
Los bajos niveles de confianza, agrega,
"afectan las reformas y cómo se consigue el cambio".
La falta de confianza tiene grandes efectos en la
forma en que los gobiernos gastan su dinero, como se muestra en el informe
insignia del BID, mejores gastos para mejores vidas: cómo pueden América Latina
y el Caribe hacer más con menos.
En la investigación se intenta comprender mejor la
relación entre la confianza y los presupuestos fiscales, lo que definitivamente
puede ser una tarea difícil de hacer.
No hay duda de que los latinoamericanos quieren
educación pública de calidad, pensiones generosas, atención médica gratuita,
una conectividad vial en buen estado, vecindarios seguros y aire limpio.
Pero los presupuestos son ejercicios que buscan
equilibrio entre las distintas áreas donde los gobiernos deben gastar dinero y
asignar recursos.
En conclusión: a menos que se esté dispuesto a
pagar impuestos más altos, más dinero para educación (o salud, o transporte, u otra cartera) significa menos recursos
para otra parte.
¿Cómo juega la falta de confianza de la región en
la ecuación?, para averiguarlo, los investigadores del BID trabajaron con el Proyecto
de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad
de Vanderbilt.
LAPOP encuestó a 5,800 ciudadanos en Chile,
Colombia, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay sobre confianza y
presupuestos.
La gente quiere mejores servicios, pero se resiste
a financiar programas gubernamentales para obtenerlos.
Tomemos, por ejemplo, el caso de la policía.
En una región con altas tasas de criminalidad, el
54 por ciento de los encuestados dijo que quería más dinero asignado a la
policía.
Sin embargo, cuando se les preguntó si estarían
dispuestos a pagar impuestos más altos para este servicio, solo el 40 por
ciento estuvo de acuerdo.
Las brechas eran aún más grandes para otras áreas,
como educación.
Más de un 66 por ciento de los encuestados
estuvieron a favor de dar más dinero para educación, pero sólo un 25 por ciento
quiso que el gobierno gastara más en ella.
Entonces, ¿qué pasa con la confianza?, la encuesta
reveló importantes vínculos entre la desconfianza en el gobierno y la
distribución del gasto en sus comunidades.
Se les preguntó a los encuestados sobre la
probabilidad de recolectar 500 firmas para una petición.
Entre los que pensaron que era muy poco probable
que pudieran recolectar 500 firmas en su vecindario, el 81 por ciento dijo no
confiar en que los funcionarios públicos fueran a cumplir sus promesas.
En contraste, entre los que pensaron que era muy
probable que se pudieran recolectar 500 firmas, el número era 10 puntos
porcentuales más bajo, una diferencia estadísticamente significativa.
La encuesta del BID-LAPOP analizó las expectativas de los encuestados con respecto
a los funcionarios públicos, las personas en general y los miembros de la
familia.
En una escala de 4 puntos, la confianza en la
familia llegó a 3.4, mientras que en las personas en general fue de 2.4.
Los políticos, por su parte, fueron los peor
evaluados: el índice de confianza sólo alcanzó un 1.9.
Luego, los investigadores regresaron a las
respuestas sobre un mayor gasto en vigilancia policial, educación y lucha
contra la desigualdad, y buscaron diferencias entre los ciudadanos que
confiaban más y menos.
Como era de esperar, los encuestados más escépticos
en los políticos y los funcionarios públicos mostraron tener menos
probabilidades de preferir políticas que favorecieran la expansión del papel del
gobierno en la educación, la actuación policial o la redistribución del
ingreso.
Los resultados son lo que Keefer llama como el
síndrome de "dame la lavadora ahora", y que afecta directamente al
gasto presupuestario.
Los ciudadanos prefieren los programas
gubernamentales que entregan beneficios inmediatos —como el caso de las pensiones— sobre el gasto que tienen los
beneficios a largo plazo, como la educación o la infraestructura.
Esto perjudica el crecimiento y la productividad, y
hace que los presupuestos sean más rígidos.
La pregunta final se hace, entonces, más que
necesaria: ¿cómo pueden los funcionarios públicos recuperar la confianza de los
ciudadanos para los cuales trabajan?, en primer lugar, al ser mucho más
eficientes en la forma en que se gasta el dinero de los impuestos; y en
segundo, al asegurar que los votantes entiendan (y sepan) hacia dónde va su dinero.
"La confianza en el gobierno podría aumentar
si los gobiernos comunicaran con mayor claridad y frecuencia que cumplieron sus
promesas", dijo Keefer.
"Y que sus políticas tuvieron los efectos que
dijeron que tendrían".
